Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas
Después de cinco años dándole vueltas, el Gobierno gallego
decidió ayer remitir al Parlamento el anteproyecto de nueva Lei do Solo, que
sustituirá a la del 2002, reformada ya ocho veces (sin contar dos adecuaciones a
la normativa estatal) y, pese a ello, incumplida parcialmente por 244 de los 314
concellos. Esbozado ante la prensa por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijoo, y su conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, con ese texto,
«aberto ao consenso», el Ejecutivo quiere reducir de seis a
tres los años que, como media, requiere elaborar un plan urbanístico (PXOM).
Además, pretende que todos los municipios se doten de uno, avanzado o básico,
antes del 2017, para lo cual ofrecerá sus servicios de redacción a las 202
localidades de menos de 5.000 vecinos. La norma, asimismo, abre la puerta a
construir en suelo rústico para «revitalizar» el rural, pero solo inmuebles
relacionados con el turismo de naturaleza y el sector agroalimentario, o bien
residenciales vinculados a explotaciones de este tipo.
Planeamiento
Norma más ágil. Es la clave que explica el fracaso de la
norma actual y la razón de ser de la nueva. La futura Lei do Solo sustituirá el
ambicioso texto que Cuíña promovió en el 2002 por otro más ágil y fácil de
aplicar. El paradigma del encorsetado marco en vigor está en las dificultades de
los concellos para tramitar el planeamiento. En 10 años, solo 70 municipios
superaron la carrera de obstáculos que plantea la norma para redactar el PXOM,
una tarea en la que algunos invirtieron más de ocho años. El objetivo es que la
legislación deje de ser la excusa que explica todos los males del urbanismo
gallego para ser la llave de su ordenación real.
Construcción
Dinamizar el medio rural. Si de algo pecaba la norma del
2002 en su redacción original era de un rigor proteccionista que hacía
prácticamente intocable el suelo rústico. La posibilidad de realizar obras en
granjas era tan restrictiva que los sindicatos agrarios forzaron una reforma que
permitió regularizar más de 40.000 explotaciones. Fue la primera de una serie de
revisiones orientadas a dinamizar el medio rural. La última, aprobada por el
Gobierno de Feijoo, eliminó la prohibición de construir a más de 50 metros de
las aldeas para permitir edificar entre casas dispersas de acuerdo con su
densidad. Para solventar las dificultades de los pequeños concellos, la ley
creará el planeamiento básico, un instrumento para ordenar los de menos de 5.000
habitantes y cuya redacción podrán encomendar a la Xunta.
Competencias
Más autonomía local. Fiel a la apuesta del Ejecutivo de
Feijoo por colaborar con los concellos, frente al paternalismo que censuró al
bipartito, la nueva norma volverá a poner a prueba la voluntad de los alcaldes
de aplicar la ley. La Xunta dejará en sus manos la autorización de
construcciones en suelo rústico vinculadas a actividades agropecuarias y
forestales, entre otras. Pero también cementerios y depuradoras. Solo las
grandes instalaciones, como las de uso turístico o ganadero, precisarán
autorización auotnómica.
Feísmo
Asignatura pendiente. Otro pinchazo de la normal actual y
un gran reto para la futura. Las dos exigen el remate en condiciones de todas
las construcciones, tanto las nuevas como las ya existentes. Un paseo por
cualquier punto de la geografía gallega evidencia su incumplimiento.
Respaldo político
El aval necesario. El PP quiere para la norma el mayor
respaldo político, para blindar su perdurabilidad. Será el termómetro para medir
el margen de acuerdo con el PSOE de Besteiro.
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA
